Un año esperando una respuesta que evitaba un rumor que producía angustia a la población

 

En octubre del año pasado, muchos vecinos de Elda leyeron en sus móviles que un edificio concreto de nuestra ciudad, el antiguo conservatorio del barrio Virgen de la Cabeza, iba a convertirse en un centro para inmigrantes. El mensaje corrió deprisa, como corren siempre estas cosas. Y como corren siempre estas cosas, nadie que lo reenviaba había comprobado si era verdad.

Yo tampoco lo sabía. Lo que hice fue lo único que se puede hacer cuando uno tiene una responsabilidad pública y no sabe algo: preguntarlo por los cauces que existen para preguntarlo, y esperar a tener el dato antes de abrir la boca.

Quiero contar cómo fue, porque creo que el caso explica bastante bien la diferencia entre dos maneras de hacer política.

El 19 de septiembre de 2025 registré una pregunta escrita en el Ayuntamiento. No una publicación en redes: un escrito por registro, que tiene fecha, número y la obligación legal de ser contestado.

El 26 de septiembre, en el Pleno ordinario, le formulé la pregunta directamente al Alcalde en el turno de ruegos y preguntas, para que constara en acta: si el Ayuntamiento iba a alojar a alguno de los menores anunciados por la Comunidad Valenciana y, en tal caso, dónde y cuántos.

Mientras tanto, comprobé lo que se podía comprobar por mi cuenta. Y resultó que el rumor no se sostenía por ningún lado. El antiguo conservatorio no es un edificio municipal: es de titularidad autonómica, de modo que el Ayuntamiento ni siquiera podría disponer de él aunque quisiera. Y no estaba previsto para ningún centro de acogida, sino para un centro deportivo, cuya licitación llevaba en marcha desde julio. Eso no era una opinión mía: eran dos datos verificables.

El 10 de octubre lo dije públicamente en la prensa local. Dije que el edificio era autonómico, que iba a ser un centro deportivo y que la licitación estaba en marcha. Y pedí dos cosas: que el Ayuntamiento hiciera un ejercicio de responsabilidad política y desmintiera el rumor de forma oficial, y que no se utilizara el miedo para movilizar a la gente en redes sociales. El propio medio local verificó por su cuenta que no había ninguna previsión de instalar un centro de esas características en la ciudad.

Para entonces, sobre ese mismo asunto no confirmado, ya se había abierto una recogida de firmas que acabó reuniendo más de dos mil quinientas adhesiones.

Y mientras esas firmas se recogían, el expediente seguía su curso. El 4 de noviembre de 2025 el Ayuntamiento adjudicó las obras: 1.947.975 euros, empresa adjudicataria, nueve meses de plazo de ejecución y una subvención de 584.105,79 euros de fondos europeos. Un centro deportivo. Con contrato firmado.

Dos mil quinientas personas de esta ciudad firmando contra algo que nadie había confirmado que fuera a ocurrir. No las culpo en absoluto. Firmaron de buena fe, porque les preocupa su barrio y porque nadie les había dicho oficialmente lo contrario. El problema no está en quien firma: está en que llegaran a esa situación sin que ninguna administración les hubiera dado un dato.

El 5 de diciembre de 2025, en el Pleno, el Concejal Delegado de Bienestar Social contestó por fin a mi pregunta de septiembre. Lo dijo así, y consta en acta:

«No está previsto dado que el acogimiento de menores migrantes es competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana.»

Bien. Eso es una respuesta, y la tomo por buena. Pero cualquiera ve que abre inmediatamente otra pregunta, que es la que de verdad importa: si la competencia es de la Generalitat, ¿le ha pedido la Generalitat a este Ayuntamiento un edificio?

El 29 de diciembre, en el último pleno del año, la formulé. Pregunté si la Conselleria había solicitado ya oficialmente un inmueble, y dónde y cuándo en caso afirmativo. Y pedí una cosa más, que era la más sencilla de todas: que si la respuesta era negativa, se dijera que era negativa. Expresamente. Para que constara.

El Alcalde contestó, literalmente:

«Vale, pues a todas las preguntas se les contestará en el siguiente pleno, señora Vicente.»

Desde aquel 29 de diciembre se han celebrado siete sesiones plenarias en el Ayuntamiento de Elda: El 20 de enero, el 27 de febrero, la del 27 de marzo, el 24 de abril, el 5 de junio, el 26 de junio y el 30 de julio. He revisado todas las actas. No se ha contestado en ninguna sesión.

Y quiero ser precisa, porque en esto la precisión lo es todo: no se trata de que el Ayuntamiento no conteste a la oposición. Contesta. En esos mismos plenos se han respondido otras preguntas mías —el absentismo escolar, los vertidos en la calle Antares, la rampa del Barrio Caliu, la rampa del Hospital, la limpieza en las calles Urano y Plutón, las barandillas de la Plaza Castelar—, y agradezco esas respuestas. El circuito funciona cuando el ayuntamiento quiere. 

Por eso llama la atención. Esta pregunta concreta, lleva casi un año sin volver a ser mencionada, sin contestarse. Curioso cuanto  menos, ¿no?

Que conste que no vengo a decir que haya un centro de menores no acompañados  previsto en Elda. No me consta que lo haya, y no lo voy a afirmar, porque no lo sé. Decir lo que no se sabe es precisamente el problema que estoy describiendo, y sería bastante ridículo por mi parte cometerlo en el mismo texto en el que me quejo de él.

Vengo a decir dos cosas más pequeñas y, creo, más útiles.

La primera es que una promesa no es un dato. Cualquiera puede publicar mañana que en Elda va a pasar tal cosa, y ese mensaje llegará a miles de teléfonos antes de que nadie haya comprobado nada. Comprobarlo es lento, es aburrido y no da likes: hay que registrar un escrito, esperar el plazo, leerse las actas, mirar si el edificio es municipal o autonómico, buscar si hay una licitación abierta. No hay ningún atajo. Pero es la única forma de que lo que uno dice valga algo.

Y la segunda, que es la que de verdad me importa: cuando una administración no contesta, el vacío no se queda vacío. Lo llena el rumor. Si en octubre del año pasado el Ayuntamiento hubiera dicho oficialmente, por escrito y en una línea, que no había ninguna petición de la Conselleria sobre ningún edificio de esta ciudad, aquel bulo habría durado dos días en lugar de meses, y dos mil quinientos vecinos no habrían tenido que decidir de quién fiarse a ciegas.

Eso no es un problema de un partido ni de otro. Es un problema de transparencia, y le toca resolverlo a quien gobierna.

Por eso voy a volver a preguntarlo en el próximo Pleno. Y si allí me demuestran que la respuesta existe y que soy yo quien no la ha sabido encontrar, lo diré aquí mismo y pediré disculpas con mucho gusto. Ojalá sea así, porque significaría que el dato existe.

Pero si no existe, entonces seguiré preguntando. Las veces que haga falta. Porque los vecinos de Elda tienen derecho a que les contesten, y ese derecho no caduca porque pase un año.